Pareciera que "pasar agosto" ya no sólo es una preocupación de los viejos, sino también se ha convertido en un mes peligroso para un país como Chile, que forma parte de los que nacieron en la primavera del sur.
Agosto es un mes donde parece que surge lo peor de un país en el que la oscuridad está a punto de dominar a la luz. Al asesinato de Jaime Mendoza Collío se sumó durante el mes pasado la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de una ley que establece responsabilidades civiles para los convocantes a manifestaciones publicas.
El artículo 4 de dicho proyecto de ley, que establece responsabilidad solidaria de las organizaciones que convoquen a manifestaciones en las calles en caso de que se generen perjuicios a la propiedad pública o privada, fue aprobado con en la Cámara de Diputados por 38 votos a favor y 33 en contra.
El proyecto de ley (Boletín 4821) hace responsable de los desmanes a quienes “hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse”. Y su finalidad declarada es “fortalecer el papel de las policías en la mantención del orden público”.
Aunque Sergio Aguiló y el hijo de Tucapel Jiménez consideran aberrante el proyecto, otros parlamentarios de la Concertación como Isabel Allende (hija de Salvador Allende), Fulvio Rossi (ex dirigente estudiantil, en mi época) y Jorge Burgos, votaron a favor de él.
Sobre la postura de este último, Andrea me envió este post del blog de un chico que vive en el distrito de Burgos y que en tono tragicómico relata su intento comunicarse a título individual con él y luego con funcionarios de gobierno, para manifestar su preocupación por el proyecto y por los riesgos que implica.
Los chicos de la Señal 3 han colgado un video de la manifestación convocada por distintos colectivos sociales en rechazo de esta ley, por considerarla un peligro para la expresión ciudadana.
Y en este sitio se puede firmar una iniciativa de ACCIÓN para que la presidenta Bachelet vete el Articulo 4 de esta ley por considerar que criminaliza las manifestaciones publicas.
Uno de los supuestos objetivos ¿bien-intencionados? del proyecto es prevenir la presencia y acción de los llamados "encapuchados", "infiltrados", "lumpen" que supuestamente interviene en las manifestaciones "pacíficas" impidiendo su desarrollo.
Lamentablemente, el proyecto de ley seguirá sin resolver la responsabilidad de estos sujetos, pero esto mismo permite entender claramente por qué la ley "fortalecerá el papel de las policías en la mantención del orden público".
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